Asesinos en el Estado

“El Salvador no puede permitirse perder por completo a sus instituciones, por aceptar la disolución del Estado de Derecho que implica tolerar actividades criminales en el seno de la Policía”, sostiene la revista Factum en su editorial.

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El Estado salvadoreño ha vuelto a permitir que desde el seno de su Policía se alienten, toleren y ejecuten los crímenes que, por mandato constitucional, debería estar previniendo y combatiendo. Otra vez, la PNC, rectora de la fuerza pública nacional, muestra su cara más macabra, la de una institución que permite a sus miembros cometer asesinatos extrajudiciales, extorsionar, violentar sexualmente a menores de edad y torturar.

La investigación que hoy presenta Revista Factum muestra, sin equívocos, que no se trata de casos aislados, de manzanas podridas -la figura que utilizaron diversos directores de la PNC y ministros de Seguridad desde la formación de la policía civil en 1992- o de grupos de exterminio ajenos a la institución. No, esta entrega periodística certifica que los crímenes han sido ejecutados por personal policial con la tolerancia del mando institucional.

En esencia, revelamos la historia de una de las decenas de unidades élites que forman la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador (FES), el batallón de reacción inmediata que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén creó a inicios de 2016 para combatir a las pandillas MS-13 y Barrio 18.

Demostramos que los policías adscritos a una de esas unidades, la asignada al norte de San Salvador que comanda el cabo Díaz Lico y de la que forman entre otros el agente José Roberto Ventura Gámez, ONI 27518, y el agente Bladimir de Jesús Flores Ávalos, ONI 27791, participaron en al menos tres ejecuciones extrajudiciales, dos agresiones sexuales contra adolescentes de 13 y 14 años, y al menos una extorsión.

Revelamos también que la Fiscalía General de la República conoce, en específico, de testimonios que incriminan a esos policías en los hechos descritos. Hasta ahora, sin embargo, los agentes de Douglas Meléndez han preferido no investigar e incluso poner trabas a los testigos, a uno de los cuales llegaron a recomendar que no hable con periodistas sobre estos temas.

Y explicamos, además, que las acciones del grupo del cabo Díaz Lico son parte de una cultura institucional que tolera el uso de recursos institucionales, como armas de equipo o el pick up placas N13669 propiedad de la Policía, para la comisión de los delitos. Y que tolera que sus agentes y mandos distribuyan por redes sociales información e imágenes que luego son utilizadas para la comisión de crímenes y abusos.

Confrontamos a los oficiales y funcionarios que, por cadena de mando, son responsables de la unidad del cabo Díaz Lico y de la FES. El director de la Policía, comisionado Howard Cotto, aseguró a Factum que desconocía los casos señalados y se comprometió a investigar las revelaciones de nuestra investigación. El vicepresidente Óscar Ortiz, además, reconoció a Factum que existían denuncias de ilegalidades dentro de la Policía y, como su subalterno, se comprometió a investigar.

Advertimos en noviembre del año pasado, meses después del despliegue de la FES en el territorio, que el Estado salvadoreño volvía a caer en la trampa de responder a los crímenes de las pandillas con la propuesta unívoca de la represión, la cual ya demostró, en este tema, no solucionar nada, sino más bien empeorar el problema. En el pasado fueron las manos duras de los presidentes Francisco Flores, que sirvieron, solo, para fortalecer la arquitectura criminal que hoy soporta a la MS-13 y al Barrio 18. Hoy es la tolerancia abierta de la ilegalidad en la PNC, en el Estado, con el pretexto de combatir a las pandillas.

“Las insinuaciones (de las autoridades) nos invitan a pensar, por ejemplo, que nos preparemos para una batalla larga, para hacer sacrificios, y de paso nos sugieren que no seamos demasiado exigentes, que en estas cosas las bases del Estado de Derecho, como la presunción de inocencia o el debido proceso, pueden no ser compatibles con la derrota del otro, del enemigo, de la némesis…”, escribimos en noviembre de 2016.

Hoy, con esta investigación, sabemos que, en efecto, el Estado salvadoreño optó por tolerar a otra pandilla en su seno, formada esta por policías de alta con licencia legal para portar armas y ejercer fuerza letal, que so pretexto de combatir a las pandillas ha empezado a matar a cualquier sospechoso de ser pandilllero, a agredir sexualmente a jóvenes mujeres a las que acusa de colaborar con pandilleros e, incluso, a recibir dinero de salvadoreños afectados para ejercer el sicariato.

No son casos aislados, es una tendencia institucional, tolerada por quienes dirigen la institución y el Gobierno.

Ha llegado la hora de dejar las medias tintas en este asunto. El Salvador no puede permitirse perder por completo a sus instituciones, por aceptar la disolución del Estado de Derecho que implica tolerar actividades criminales en el seno de la Policía.

Ya en los años noventa vimos cómo la tolerancia de los gobiernos de Arena permitió la existencia de un grupo de sicarios, conocidos como Asesinos Inc, en el seno de la División de Investigación Criminal. En la primera década de 2000 vimos cómo el narcotráfico internacional, de la mano de bandas criminales como Los Perrones y de operadores políticos de la derecha política, infiltró a la Policía a través de las divisiones antinarcóticos y de fronteras.

Hoy estamos asistiendo, una vez más, a la capitulación del Estado respecto a su Policía: con el pretexto de combatir a las pandillas, el gobierno de Sánchez Cerén dio a la FES, el batallón élite, carta abierta para matar, agredir, violar y torturar. ¿Qué es eso si no la capitulación a la idea con que los Acuerdos de Paz concibieron a la Policía Nacional Civil?

A las pandillas, hemos dicho, se las debe combatir con toda la fuerza legal del Estado. Legal. Y al problema social que representan desde la complejidad de sus causas y expresiones en los territorios más pobres de El Salvador.

Si permitimos que ocurra de otra manera, si nos permitimos perder a la PNC como garante de nuestra seguridad desde la legalidad en la que basamos nuestra democracia, estaremos a un paso de dar a cualquier autoridad electa por nosotros el control de una institución armada plagada de criminales, de cabos como Díaz Lico o agentes como Ventura Gámez y Flores Ávalos, que no dudarán nunca en escupir a la legalidad.

Desde Factum exigimos al presidente, a su vicepresidente, al ministro de Seguridad Pública, al director de la Policía y a los oficiales que tienen y tuvieron mando sobre la FES que investiguen o que cumplan su palabra de indagar.  De lo contrario, el país entero debe demandárselos.

Solo así, exponiendo a los criminales, podrán empezar a reconstruir la confianza en la PNC. Y, señor presidente, si sus funcionarios no son capaces de responderle, pídales la renuncia y comprometa a otros que estén dispuestos a hacer las cosas bien, no a tolerar criminales.

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